Se trata de detectar y valorar las demandas presentadas por las personas o unidades familiares que se encuentren en riesgo de exclusión social con derivación al recurso idóneo aplicando tanto protocolos de intervención social personalizados como de grupo, además de prestaciones económicas específicas, como las ayudas de emergencia social proporcionadas por el ayuntamiento para satisfacer sus necesidades económicas básicas y estimular su incorporación social y laboral.
Además, el ayuntamiento favorece la inserción en la sociedad de personas a las que se les facilita el cumplimento de penas a través de trabajos en beneficio de la comunidad a través del servicio de gestión de condenas.